Los delitos sexuales implican un gran reto para el sistema de justicia penal, debido a las barreras que deben afrontar las víctimas de estos delitos cuando deciden pedir ayuda. A veces las personas sufren violaciones sexuales, tocamientos indebidos, exposición a material pornográfico, etc. de sus propios seres queridos (mayormente dentro de su núcleo familiar). En estas situaciones, tienen que luchar contra una doble barrera: aceptar que aquella persona que se supone debía protegerla, en realidad les hizo daño; y también que al pedir ayuda probablemente se produzca la ruptura de los vínculos con su agresor y de este con sus familiares y/o amigos.
Cuando la víctima se atreve a denunciar, es innegable que prácticamente el primer contacto con el sistema penal se produce a través de la Policía Nacional del Perú. Esta institución existe principalmente debido a nuestra vulnerabilidad ontológica, la cual se refiere a la fragilidad de la naturaleza del ser humano: somos criaturas frágiles susceptibles de ser dañadas por otros y por el ambiente, desde faltas de respeto por nuestros pares hasta la muerte por un terremoto. En síntesis, el objetivo de la Policía es limitar las oportunidades para que nuestros frágiles cuerpos y mentes sean dañados (Asquith y Bartkowiak-Théron, 2021, p. 19).
¿Qué sucede cuando la propia Policía en vez de proteger daña a aquellos que decidieron pedir ayuda? Se genera el fenómeno conocido como revictimización, ya que la víctima no solo padece los efectos nocivos del delito sexual sufrido, sino también la indiferencia y maltrato del cuerpo de policía. Y es aquí donde, primariamente, debería generarse un cambio: la justicia procedimental pone de manifiesto que “sentirse tratado justamente tiene más que ver con los procedimientos y/o procesos empleados para tomar decisiones que afectan a las personas y a la solución de sus casos que con los resultados obtenidos a través de tales procedimientos” (Herrero, 2019, p. 25), lo cual redunda en una mayor confianza en el sistema de justicia.
Existirán ocasiones donde las denuncias de las víctimas serán archivadas, los procesos penales instaurados terminarán en sobreseimientos o los casos acusados terminarán en absoluciones. Lo cual es completamente racional en el proceso penal peruano, donde no solo la víctima tiene derecho a denunciar, sino que el imputado tiene derecho a defenderse y gozar de una serie de principios (contrapesos) para alcanzar una decisión razonable conforme a los elementos de juicio aportados al caso concreto: puede haber insuficiencia probatoria o en caso de duda absolver al reo. Un buen método para explicarle a un menor que ha sido violado sexualmente cuyo agresor queda en libertad, es darle un rompecabezas con una pieza faltante: el menor llegará a la conclusión de que falta un elemento para culminar el rompecabezas, y de la misma forma se le explica que se hizo todo lo posible por condenar a su agresor, pero que faltaron elementos para poder lograrlo, pero que el menor no tiene la culpa de su ausencia.
A veces se generan pocas expectativas desde la misma presentación de la denuncia: mitos sexuales en la mentalidad de muchos oficiales de policía, indistintamente del sexo, provocan un deficiente trato al momento de recepcionar la denuncia, o inclusive el rechazo de esta. Culpar a la víctima se convierte en una herramienta de revictimización: ¿por qué te mensajeabas con él después de que dices que te violó? ¿por qué usabas minifalda de noche? ¿por qué tomaste tanto alcohol estando sola? ¿es tu pareja y ahora me dices que te violó? Este tipo de preguntas solo genera estigmatización y falta de confianza en el sistema de justicia penal, quebrantando evidentemente el concepto de justicia procedimental.
No se trata de creer indiscriminadamente a la víctima, sino más bien de adoptar una mentalidad de creencia razonable: “te creo, y realizaré mi labor de investigación de tal forma que dejaré de lado prejuicios y concepciones dañinas –inclusive haré el esfuerzo de erradicar aquellas que se manifiestan de forma inconsciente– que me impidan ver el panorama de forma amplia”. Conforme al Código Procesal Penal de 2004 el fiscal dirige la investigación, pero en la práctica se ordena muchas veces una investigación en sede policial con participación fiscal en determinadas diligencias. En este punto sería bueno adoptar lo que en el Reino Unido se enseña a los oficiales de policía que afrontan delitos de naturaleza sexual: “mantén una mente abierta” (mentalidad investigativa), resumida de la siguiente forma: ABC é Accept nothing, Believe nothing, Challenge everything (Roach y Cartwright, 2021, p. 200). En otras palabras: no aceptes nada, no creas nada, pon a prueba todo, para evitar el razonamiento sesgado por estereotipos de género que perjudique la toma de decisiones.
Para el 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables logró implementar 371 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, de los cuales 125 funcionan en comisarías; mientras que para el 2021 se cuenta con 426 CEM a nivel nacional, de los cuales 180 CEM están instalados en Comisarías. El trabajo conjunto entre ambas instituciones y las capacitaciones constantes representan el esfuerzo que se hace por erradicar la violencia sexual por parte del Estado, pero aún falta mucho por hacer para concientizar a la ciudadanía. En el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), para el año 2018, se registró 29 827 casos de violencia psicológica, física, sexual y económica atendidos a nivel nacional, de los cuales 409 corresponden a personas con algún tipo de discapacidad. Los policías que reciben denuncias por violencia sexual de víctimas que sufren algún tipo de discapacidad, requieren una formación especializada que les permita entender las especificidades de estas personas, para que puedan recibir un trato digno. A veces las palabras que se usan no son las más adecuadas, y sin ser especialistas en desarrollo cognitivo se califica a una persona como “retrasada mental”, por el mero hecho de no comportarse acorde al estándar de una persona común, generando impaciencia, molestias, cólera en los policías que son incapaces de comprender al ser humano que les pide ayuda.
Definitivamente hay mucho por trabajar desde una perspectiva multidisciplinar para ayudar a las víctimas de violencia sexual.
AUTORA: LIZET VILELA
